Donde dije digo… ¡Cambio la ley! (#LCI y Plataformas telemáticas)

Ley_Crédito_Inmobiliario

   Como jurista y como ciudadano, me preocupa mucho tener un ordenamiento jurídico claro y sistemático. Las leyes deben ser claras y con vocación de generalidad. El destinatario de la norma debe saber a qué atenerse en todo momento. A tal fin, los españoles, en la Constitución de 1978 nos dimos un procedimiento conforme al cual nuestras leyes debían ser aprobadas. Además, existían distintos tipos de normas, en función de cómo y quién ejercitase la potestad normativa, así como, también existían distintos procesos de aprobación de Leyes, puestos en relación con la materia sobre la que se tuviese que legislar. Con buen criterio, los Padres de la Constitución, entendieron que no todas las materias requerían el mismo grado de consenso. De esta cuestión se ocupa el Capítulo II del Título III de la Constitución. Nuestra Constitución, siendo mejorable, como todo y estando expuesta a los embates del paso del tiempo, es, en mi opinión, una Ley modélica. Todos los españoles deberíamos haber leído la Constitución. Es un texto sencillo, corto, pero que explica el funcionamiento, prácticamente, de todas las cosas que nos afectan a los españoles en el día a día.

   Sucede que, de un tiempo a esta parte, no se si por un quítate tú que me pongo yo, por un mal entendimiento del cometido que deben desempeñar nuestros parlamentarios, al jurista se le plantean una serie de incógnitas que, además, los ciudadanos padecemos.

   Así, por ejemplo, existen cuestiones sobre las que nunca se legisla, pese a ser imprescindible una reforma legislativa. A mi me da la impresión de que se trata de materias que no dan rédito electoral o que lastran al grupo político  que emprende la modernización de nuestras normas. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la actualización de nuestro sistema de legítimas hereditarias de Derecho común o la actualización del régimen de Derecho Internacional Privado de nuestro Código civil.

   En otras ocasiones, las leyes vienen acompañadas de una batería de reformas que se introducen por la puerta de atrás, de forma sorpresiva, como disposiciones adicionales de leyes que nada tienen que ver con esas modificaciones que bien merecerían una rigurosa tramitación separada. Es cierto que, una norma que se implementa en el ordenamiento jurídico puede necesitar adaptar otras para dar coherencia al sistema. Sin embargo, esas modificaciones de tapadillo a las que me estoy refiriendo, nada tienen que ver con la norma que se implementa. Es un clamoroso ejemplo de mala praxis legislativa.

   No faltan las veces en las que, como consecuencia, entiendo, de una mala gestión del sistema de mayorías parlamentarias, en la práctica, se desplaza la potestad legislativa, de facto, del Parlamento al Gobierno, mediante Decretos-Ley. Es una posibilidad legalmente prevista, se trata de agilizar la tramitación de una norma que, en este caso nace del Gobierno y luego se ratifica o convalida por el Parlamento. Sin embargo, en los últimos tiempos, ante la inestabilidad política que han generados nuestros representantes, que parecen vivir al margen de la responsabilidad, se ha convertido lo excepcional en habitual. Los españoles tenemos derecho a no respaldar un sistema bipartidista y a que los distintos partidos se pongan de acuerdo pero, curiosamente, parecen ser incapaces de ello, pero eso da para una tesis doctoral. En el último gobierno, encabezado por el Sr. Sánchez Castejón, se ha abusado sobremanera de dicho procedimiento normativo, dando lugar a situaciones esperpénticas, por ejemplo, se reformó por vía de Decreto-Ley la legislación de arrendamientos urbanos y, a los meses, resultó que no fue convalidada en el Parlamento. Se generó una notable inseguridad jurídica que perjudicó a arrendatarios y arrendadores. Sin embargo, el Sr. Sanchez tuvo su titular que, tal vez, puede que fuera más importante que lo que el propio decreto-ley pretendía. ¿Realmente era tan urgente o tan difícil ponerse de acuerdo? Yo creo que no.

   Luego existen las normas zombie. El máximo exponente es nuestra Ley del Registro Civil, aprobada en el año 2011. Debía haber entrado en vigor en el año 2014, si bien, ha protagonizado uno de los episodios más surrealistas de nuestra historia legislativa y se ha aplazado varias veces su vigencia. Ahora está prevista para el año 2020. Sin embargo, es de prever un nuevo retraso pues nuestros políticos, más ocupados en nuestros menesteres, no parecen tener en cuenta que hay muchas cuestiones sobre ella que desarrollar y que existe la imperiosa necesidad de dotarla de recursos económicos, porque sucede que, en España, se aprueban leyes aunque no haya dinero para ejecutarlas, lo que las convierte en papel mojado. La Ley del Registro Civil, además, generó el surrealista escenario de, por un desfase en la publicación de los aplazamientos en el BOE, estar vigente un día durante el verano de 2017. Señal de que en nuestro país actuamos con tiempo y meditadamente.

   Ejemplos similares a este último existen de lo más variopinto. el pasado año, por ejemplo, con cuatro días de diferencia se sucedieron dos instrucciones de la Dirección General sobre maternidad subrogada, así, el día 18 de febrero, la Dirección General de los Registros y del Notariado se desdecía de lo que desarrollaba el día 14 de febrero. Donde dije digo digo Diego… ¿Es serio?

   En otras ocasiones, como vamos por libre, se ejerce la competencia legislativa con retraso, como ha sucedido con nuestra Ley de Crédito Inmobiliario. Se aprobó tres años más tarde de cuando debía haberse legislado, bajo amenaza de sanción por la Unión Europea, porque, al parecer, como nos sobra el dinero, era intranscendente la multa millonaria que pendía sobre el Reino de España por la desidia parlamentaria. Se trataba de una ley necesaria, técnica y en la que el consenso no debía ser un problema. Es algo sobre lo que ya me ha referido en muchos post.

   La Ley de Crédito Inmobiliario está dando, también, mucho juego sobre lo que debería ser el proceso legislativo y su desarrollo normativo. Seguro que es objeto de varias tesis doctorales en cuanto a su procedimiento de aprobación y desarrollo. Se da un plazo de vacación legal de tres meses, durante los cuales, parece, no hubo tiempo ni para adoptar las medidas técnicas adecuadas ni tampoco las disposiciones de rango inferior a la Ley que la complementaran. Así, a pocos días de la entrada en vigor,  prevista para el 16 de junio de 2019, se dicta una Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, el 14 de junio de 2019. El mismo día 17 de junio, con la ley ya vigente, a medio día se circula una nota informativa por parte del Consejo General del Notariado, sobre cómo debe aplicarse la norma por los notarios. Por el camino se han puesto en circulación, instrucciones, notas informativas, circulares de obligado cumplimiento… en número tal y con tal grado de anarquía que me es difícil enumerar y plasmar sobre el papel su rango normativo, fuerza vinculante y contenido, sin pararme unos minutos a pensar. Se ve que me estoy haciendo mayor y empiezo a necesitar un poco de aceite en mis neuronas que se ralentizan con el tiempo.

   En este contexto, me gustaría llamar la atención sobre la Instrucción de 31 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el uso de las plataformas telemáticas para la preparación del acta de información previa y la escritura de préstamo hipotecario, en aplicación de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. La norma, viene a aclarar, por un lado, una Instrucción previa de 14 de junio, al mismo tiempo, se desdice de la línea adoptada en el texto anterior, y cede en favor de los Bancos sobre cómo se pone en valor el sistema de libre elección del notario y cumplimiento del principio de transparencia material. En efecto, curiosamente, prorroga el plazo para adaptarse, tecnológicamente, a la nueva regulación. Al parecer los Bancos no tenían dinero suficiente para implementar durante los tres meses de vacación legal, el sistema necesario para dar cumplimiento a la Ley de Crédito Inmobiliario.

   La ciudadanía valora mucho a quien sale anunciando que los impuestos de las hipotecas los pagarán los bancos; que parte de esos costes se desplace al notario, que con la nueva Ley trabaja gratis, para que la cuenta de beneficios bancaria no se minore, queda al margen de toda cosecha electoral, pues, tal vez, Robin Hood no aparecería como el héroe que se enfrenta al Principe Juan Bancario. Por el mismo motivo, tampoco habrá una comparecencia pública de quien proceda explicando por qué la víspera de la implementación total del nuevo sistema, se da un golpe de timón que relativiza la libre elección de notario y que da carta blanca a los bancos para intervenir en el proceso de una forma más amplia a la inicialmente prevista.

   Al margen de hacernos trabajar gratis, los notarios pensábamos que con la nueva Ley se había acabado el vergonzoso espectáculo de oír al representante de la entidad de turno interpelarte diciendo: ¿Estás homologado? Parece que es algo que se ha resucitado en beneficio de no se sabe quien.

   En cualquier caso ¿tan difícil hubiera sido que de una u otra manera el 16 de junio las cosas hubieran estado claras y funcionando con normalidad? Yo se la respuesta, sin embargo no me toca a mi contestar.

   En los últimos días, llamaba la atención en Twitter sobre la necesidad de que las normas estuviesen bien redactadas. Planteándose un interesante debate. Sin embargo, el problema de nuestras Leyes va mucho más allá ¿cuestión de voluntad?

Antonio Ripoll Soler

Notario de Alicante

http://www.notariaripoll.com

 

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