tomado de cimanorte.blogspot.com
Ya hemos insistido muchas veces sobre la conveniencia de informarse sobre el régimen económico matrimonial aplicable a nuestro matrimonio. Sucede algo parecido en el caso de conformar una unión de hecho.
Sí, vivir en pareja con otra persona no siempre es inocuo patrimonialmente, al igual que tampoco implica, necesariamente, equiparación a los efectos económicos de un matrimonio.
Tradicionalmente, en la mayor parte de España, la celebración del matrimonio conllevaba la aplicación del régimen de la sociedad de gananciales. Su regulación está marcada por la solidaridad entre los cónyuges. Resplandece en ella el aspecto de organización económica que la familia conlleva. De esta manera se satisfacían las necesidades de ambos cónyuges de manera que mientras que uno de ellos busca el sustento fuera del hogar; el otro organizaba la casa y se ocupaba de que los hijos salgan adelante. Ese esquema es perfectamente aplicable a muchas familias actuales y no necesariamente tiene que ver con roles tradicionales del hombre y la mujer dentro de la pareja; actualmente los papeles son absolutamente intercambiables, lo determinante será quién trabaje y quién se quede en casa, así como la forma en que de ésta se ocupen ambos en relación al hogar. En él, los dos cónyuges se benefician y perjudican por igual de las prosperidades o adversidades del devenir de la familia.
En mi opinión, el esquema de los gananciales es totalmente válido y eficaz en aquellos supuestos en los que uno de los miembros de la pareja trabaja remuneradamente fuera del hogar y el otro se ocupa de la organización y administración de éste, así como de los propios hijos. Siempre explico que el que trae el pan muchas veces puede traerlo gracias a que el otro está en casa ocupándose de que no falte de nada. Por eso, hablar de gananciales es referirse a sociedad conyugal.
Sin embargo, en otras ocasiones, puede que exista otro esquema más adecuado. Existen situaciones en que los dos miembros de la pareja trabajan fuera del hogar. Sus percepciones pueden ser parejas o desiguales. También puede darse el caso en que cada uno de ellos llegue al matrimonio con una fortuna dispar en relación al otro. En esos casos, son los cónyuges los que deciden si interesa una mayor o menor comunicación de ganancias y rendimientos o, incluso, si, por el contrario, los patrimonios de cada uno de los miembros de la pareja permanecen absolutamente independientes.
Así, bien porque se pacte en capitulaciones matrimoniales, bien por aplicación directa de la Ley, como sucede, en la mayoría de los casos en Cataluña, Baleares o, ahora, en la Comunidad Valenciana, el régimen de separación de bienes cada vez es más frecuente.
Por todo lo anterior, existen distintas opciones, no son todas, pero en la práctica, se reconducen a: 1) Sociedad legal de gananciales; 2) Separación de bienes; y, 3) Participación en ganancias, este último en cuanto a sus efectos, entre los dos anteriores. Sí, introduce un matiz de solidaridad entre los cónyuges pero, sin embargo, permite una absoluta autonomía patrimonial.
Con independencia del régimen por el que se opte, en ocasiones, existen bienes que son de uno u otro cónyuge. Son los llamados bienes privativos. ¿Puede hacer su dueño con ellos absolutamente lo que quiera?
Es frecuente, caso de existir bienes privativos que el titular del los mismos, su dueño, se crea con facultades absolutas sobre ellos. “El piso lo compré con mi dinero; lo compré de soltero…, es mío”. Si bien, en principio, esto es así, no quiere decir que el titular del bien pueda siempre hacer lo que le apetezca.
En efecto, la mayoría de sistemas jurídicos en general; y los que se aplican en España en particular, introducen un matiz de solidaridad en las relaciones entre los cónyuges e, incluso, entre los miembros de una pareja no matrimonial. Por eso, es frecuente que aunque la propiedad, rendimientos económicos y producto de una eventual venta sea sólo de uno sólo de los cónyuges; sin embargo no se pueda vender o hipotecar sin el consentimiento de la pareja tratándose del hogar familiar. La Ley, en estos casos, considera más necesitado de protección el interés de que la familia no se vea desposeida de la vivienda, del hogar, antes que la absoluta libertad del dueño de la misma de hacer lo que quiera. Por eso, cuando se trata de vender o hipotecar el inmueble que constituye la vivienda habitual de la familia se necesita el consentimiento de ambos cónyuges o miembros de la pareja.
El cónyuge no propietario no se beneficia ni del producto de la venta ni se convierte en deudor por consentir la hipoteca; simplemente, supervisa el acto y, consiguientemente, no se queda en fuera de juego.
Puede que el cónyuge no quiera consentir; en esos casos, aunque, ciertamente, no es muy operativo, se puede obtener judicialmente el consentimiento, tanto en la venta como en la hipoteca. ¿Sucede lo mismo en las situaciones de refinanciación? Sí, efectivamente, en estos casos también deberá consentir el cónyuge; si bien, el consentimiento es, si cabe más formal que en los otros supuestos. Negar la posibilidad, en abstracto, de vender, en principio, parece más inocuo que la de refinanciar. Puede que esa negativa aborte una inversión con el producto de la venta; sin embargo, el cónyuge que no consiente la refinanciación de la vivienda familiar privativa, probablemente, sea responsable de la pérdida del hogar; pues las deudas han de pagarse.
En cierto modo todo lo anterior hace bueno aquello de “el jefe soy yo pero quien manda es mi pareja…”.
Por eso resulta fundamentar informarse, caso de vivir en pareja -matrimonial o no-: 1) Del eventual régimen matrimonial aplicable; 2) De los efectos sobre los bienes propios; y, 3) De las consecuencias de optar por el matrimonio o por la simple convivencia matrimonial.
No siempre coincide lo que pensamos con lo que realmente es…
