«La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».

Artículo 9.3 Constitución Española

¡Cuántas cosas dice ese precepto y qué poco nos acordamos de él! Creo que deberíamos volver a la Constitución con más frecuencia. Leerla de vez en cuando. Así, al azar, como el que abre un libro de pensamientos o citas. Seguro que más de uno le hace reflexionar.

En los últimos tiempos, seguro que a muchos nos vienen a la cabeza, a bote pronto, ejemplos que podrían ser subsumidos en una vulneración de los principios que ese artículo constitucional trata de garantizar. Principios que, además, son base de la convivencia que los españoles, en 1978, consideramos que era esencial. No digo que, efectivamente se conculquen esos principios, sino, simplemente, que determinados hechos, acciones, de los poderes públicos, estaría bien que se pasasen por el tamiz de ese precepto.

Uno de los principios que proclama el artículo 9.3 CE es el de seguridad jurídica. Hay quien piensa que las leyes son cosas de abogados, jueces, notarios… de gente que se dedica al Derecho. Eso no es cierto. Esos operadores jurídicos se dedican a ayudar en la resolución de problemas causados, a evitar que se generen o a guiar al ciudadano en los caminos complejos del sistema de reglas del juego de la convivencia que hemos creado para vivir mejor.

El principio de seguridad jurídica garantiza que las reglas del juego sean estables, que no se cambien a mitad de la partida y que podamos adecuar nuestros comportamientos a las normas que nos hemos dado a fin de garantizar una mejor convivencia y que no se causen arbitrariedades. Lo que digo no pretende ser una definición, sino, simplemente, expresión «a vuela pluma» de algo que como jurista y ciudadano he interiorizado a lo largo de mi vida. Un sistema sin seguridad jurídica genera descontento, desilusión y agravios comparativos.

La seguridad jurídica es mucho más que un axioma constitucional. Tiene consecuencias económicas. Sin un marco jurídico estable es difícil que España sea un país atractivo para invertir, que nuestros talentos no se vean animados a irse a otros países en los que la única preocupación sea generar riqueza a la sociedad, dar valor añadido.

¿Hay seguridad jurídica en España? ¿Y si os dijese que el poder legislativo es quien conculca ese principio? Esta mañana estaba estudiando unas cuestiones de protección de deudores hipotecarios. Algo muy próximo a mi labor como notario. Precisamente, en la notaría, ponemos en valor la seguridad jurídica preventiva. Tratamos de anticiparnos a que surjan problemas con el empleo de los recursos que nuestro sistema jurídico nos brinda. El estudio me ha llevado a la tantas veces visitada página del BOE. Hay que reconocer que nada tiene que ver la posibilidad de navegar por esa página con los viejos diarios en papel, destinados a la publicación de nuestras normas.

En este caso, estaba consultando la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta norma es esencial en nuestro sistema jurídico. Afecta a la actividad profesional de muchos operadores jurídicos y, consiguientemente, a la totalidad de la sociedad española, incluso sin saberlo. Durante el estudio, es frecuente que, en mi caso, consulte la versión anterior de una norma. Algo que se hace imprescindible, especialmente, por los cambios legislativos que se precipitan. ¿Sabéis las modificaciones que ha sufrido la Ley de Enjuiciamiento Civil?

Ciertamente, responder a esa pregunta, causa sonrojo. En 2023 se modificó en cinco ocasiones, igual número de reformas, cinco, sufrió en 2022 y 3 en 2021. No han sido los años en los que más se ha modificado, así, en 2011, siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero, sufrió ocho reformas y en 2015, que fue el año en el que más se modificó, diez, para no quedarse atrás, bajo el Gobierno que presidía Mariano Rajoy. En total, desde que la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, se aprobase en el año 2000, en veinticuatro años, ha sufrido setenta y nueve modificaciones.

Como vemos, el dislate legislativo que vivimos en España, no entiende de colores políticos, cualquiera que sea el color de las Cámaras legislativas, es evidente que se está ejerciendo mal el poder legislativo. Curioso ¿no? Parece que es el propio Parlamento el que conculca el principio de seguridad jurídica. Y sí, está bien y viene bien tener un ente al que poder echar la culpa. Sin embargo, nuestros órganos legislativos se componen de personas que, bien estaría, deberían ejercer el poder legislativo de manera responsable. Al paso que vamos, parece que los leones que custodian el Congreso de los Diputados van a tener que sustituirlos por unos gatos con una madeja de lana.

Es necesario tener buenas leyes, que puedan resistir el paso del tiempo y a los cambios políticos. Nuestros representantes deberían ejercer el poder legislativo de una manera leal. Llegar al poder no debería ser carta blanca para deshacer lo hecho por el partido anterior. ¿No se supone que todos los grupos miran por el interés general? Deberíamos seguir construyendo España, nuestra convivencia, sobre el legado de los anteriores representantes, sin dejar de mirar hacia el futuro.

Y es que, como ya dije en otras ocasiones en este blog «Tenemos derecho a que se legisle bien». Sin embargo, no creo que tomen nota de ellos nuestros políticos, menos mal que mañana, sol y buen tiempo.

Antonio Ripoll Soler

Notario de Alicante

www.notariaripoll.com