Se ha planteado esta semana el tema de la conveniencia de que la Iglesia Católica pague el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La medida, se dice, representaría en unos 2500 millones de euros para las arcas públicas. Es una de las medidas que se ha adoptado en Italia.

   Desde la Conferencia Episcopal se ha dicho que el régimen fiscal de la Iglesia procede de la Ley de Mecenazgo y nada tiene que ver con el régimen concordado italiano. Tal afirmación no es del todo cierta. En realidad el régimen fiscal de la Iglesia Católica surge del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, suscrito en 1979. Dicho Acuerdo vino a sustituir el Concordato vigente hasta ese momento. A partir de entonces, la legislación fiscal española, incluida la Ley de Mecenazgo, se construye sobre las directrices sentadas en dicho acuerdo. Como España es un Estado aconfesional; se dispensa un trato equivalente mediante distintos instrumentos normativos a las otras Confesiones Religiosas; así como a determinadas entidades que carecen de ánimo de lucro. Todo ello se hace sobre la base de la utilidad pública y servicio social que se presta.

   ¿Debe pagar la Iglesia Católica el IBI? Sea cual sea la respuesta, el tema es bastante complejo, pues la medida afectaría, indudablemente no solo a la propia Iglesia Católica, sino también a las otras confesiones e incluso a las otras entidades mencionadas; pues, con independencia de creencias y nomenclaturas, el régimen fiscal beneficioso de unas y otras entidades se ampara en la función social que desempeñan.

   En la Iglesia, además de la función social que cumple, concurre la circunstancia de que es tenedora y mantenedora de un amplio patrimonio compuesto por bienes de interés cultural. Si dejase de cuidarse dicho patrimonio creo que afectaría a nuestra propia economía. ¿Quién no visita una Catedral cuando hace turismo?

   Cuestión distinta es la conciencia social que existe del «todo gratis» en nuestro país; de que como no se me obliga no pago. Pienso que los fieles deberían contribuir realmente al sostenimiento de la Iglesia, lo cual va más allá del mero hecho de marcar la casilla correspondiente en la declaración del IRPF. El culto conlleva unos gastos que, lógicamente no se pueden sufragar con lo que se recoge del cepillo.  Igualmente, considero, que la visita a un templo debería collevar, voluntariamente, una aportación a su sostenimiento, se sea o no creyente y se haga o no por oficio de piedad; pues realmente son bienes que deben mantenerse.

   En los tiempos que vivimos, creo, lo que realmente hace falta es una  nueva conciencia social, se sea o no creyente de una u otra confesión. La crisis económica nos está llevando a plantearnos muchas cuestiones. Nuevos tiempos, nuevas estructura. Lo que está claro es que cuando se toca una pieza del sistema suele afectar a las demás. ¿Por qué será que al final vuelvo a acordarme de la importancia de invertir en Educación?

Antonio Ripoll Soler

Notario de Alicante

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