Corría el año 1890; en aquel tiempo, el tío Crescencio, en Alcalá de la Selva, compró unas tierras a un masovero, cerca de los Estrechos, en la vega del Río Cabra. Era una huerta fértil que se disputaban muchos lugareños. Sin embargo, Crescencio, persona cauta y calculadora, había esperado la ocasión y había conseguido hacerse con ellas.

   El trato se cerró con un apretón de manos. Cuarenta duros fueron la causa. A la semana siguiente, Crescencio y el vendedor firmaron la escritura en Mora de Rubielos, en la notaría. El Notario, Don Antonio, auxiliado de su escribiente,  Mercedes, plasmó en la escritura aquel pacto de caballeros. Como únicos testigos, un candil, un tintero y una pluma. Entonces las escrituras se escribían a mano. A los pocos días, el Registrador había incorporado a sus libros aquella compraventa. Eran tiempos de Historia, una que Notarios y Registradores escribían de la mano, conscientes, cada uno, de la importancia de sus trabajos y del servicio que prestaban a la sociedad española; una sociedad rural, luchando hacia el futuro.

   Al cabo de la vida, Crescencio dividió sus propiedades entre sus hijos. Hizo testamento y en la partición, entre hermanos, Córdula, la mayor de sus hijas, se adjudicó aquellas ricas tierras de la vega del Río Cabra. Las cultivo con cariño, como tributo al esfuerzo que había empleado su padre en tenerlas y converservarlas para transmitirlas a los que le siguieran en el curso del río de la vida.

   Con el tiempo, terminada la Guerra civil española, la familia de Córdula, los nietos de Crescencio, se había desperdigado. Pablo, el mayor de los hijos, había fallecido en la contienda. Diego, el segundo de los hijos, había emigrado a Barcelona, tierra de oportunidades, las otrora ricas tierras de Aragón, ahora, bañadas en sangre, pocos frutos daban. Josefina, la hermana menor, huyendo de los maquis que por aquellos lares hacían sus escaramuzas para subsistir, acompañada de su marido, portando los papeles de familia, entre los que se encontraban los títulos de propiedad de las tierras aragonesas que se había adjudicado, había emigrado al Levante español; -Las Provincias- como entonces se conocían las tierras de Castellón, Valencia y Alicante.

   Hace unos días, Alberto, un señor de unos sesenta años, apareció por mi Notaría. Portaba unos viejos papeles, manuscritos, trazados con una pluma, protegidos por una funda de plástico, con olor a humedad, roídos por los bordes, no se si por el paso del tiempo. Quería arreglar la herencia de su madre, Cristina, la tataranieta de Crescencio. De dicha herencia formaba parte la rica tierra que Crescencio compró a la vera del Río Cabra. Unas tierras que se habían ido traspasando de generación en generación, al amparo de unos arreglos de familia y documentos firmados privadamente entre los distintos herederos.

   Mariola, una compañera de mi Notaría, sorprendida, con la reliquia documental, cuidadosamente sostenida entre sus manos, me relataba la historia de Crescencio y me preguntaba como actuar ante una documentación totalmente desconocida por ella.

   El supuesto, poco frecuente en las ciudades está regulado en nuestra Ley Hipotecaria. La regulación, minuciosa y compleja, probablemente estaba pensada para una época en que todavía no estaban implementados los Registros de la Propiedad en la conciencia social.

   En aquellos casos en los que una finca accede al Registro de la Propiedad, éste, funciona como un cable conductor de electricidad. El titular registral transmite a otra persona que, con la correspondiente escritura pública, autorizada por Notario, accede al Registro de la Propiedad. De esta manera, la corriente registral fluye de forma ininterrumpida. Sin embargo, en alguna ocasión, ese cable se secciona, se suceden transmisiones que no acceden al Registro y se produce la situación que acabo de relatar.

   Lo más conveniente, si es posible, es reconstruir la cadena de transmisiones, notarialmente. En ocasiones es fácil, especialmente cuando la propiedad se ha transmitido de padres a hijos y eran pocos los descendientes y menos las generaciones. Sin embargo, cuando han pasado ciento veinte años y han sido muchos los descendientes, lo que se debe hacer es reanudar el tracto sucesivo interrumpido. Para ello se hace un acta de notoriedad en la notaría del lugar en que radica la finca.

   El expediente es sumamente complejo, hay que hacer muchas publicaciones en boletines oficiales, citar a todos los posibles interesados y, posteriormente, remitirlo al Juzgado para que lo apruebe.

   Por todo ello, es conveniente dejar las cosas arregladas a los que nos han de seguir, acudir al notario cuando toca e inscribir las propiedades. Caso contrario, todo se arregla, pero cuesta mucho trabajo, dinero y, sobre todo, tiempo.

(*) Este post se lo dedico a mi padre -D. Antonio Ripoll Jaen-, notario, ahora jubilado, aunque siempre notario. El relato está inspirado en la intrahistoria notarial, de la que él ha sido importante actor, que, a su vez, es la propia Historia de España.

Antonio Ripoll Soler

Notario de Alicante

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