Uno de los impuestos más complejos que actualmente existe es el de Sucesiones y Donaciones. En él Estado Central y Comunidades Autónomas tiran de una misma cuerda para exprimir el bolsillo de los herederos o del padre que pretende, en vida repartir su patrimonio entre los hijos. Encajar las piezas de este complejo puzle es más difícil que hacer encaje de bolillos.

   Desde, aproximadamente, el año 2006, las Comunidades Autónomas se han alineado en dos bandos: 1) Las que consideran que el Impuesto es justo y debe mantenerse; 2) Las que, poniéndolo en entredicho, han aliviado el bolsillo del contribuyente minimizando sus efectos.

   Estos dos planteamientos ha generado dos efectos: 1) Un motivo más de desigualdad entre los españoles, por razón de su pertenencia a una u otra Autonomía; 2) Un incremento de la complejidad de la fiscalidad.

   De esto último somos especiales testigos los notarios: Es difícil contestar de forma ágil el régimen fiscal aplicable a una herencia o una donación. Unos hijos de un mismo matrimonio pueden tributar diferente en función de la residencia de cada uno de ellos, aunque reciban lo mismo y aunque los padres quieren que resulten iguales.

   Hoy se anuncia un tipo mínimo del 4 % para todos los españoles; al mismo tiempo, se dice que las Autonomías podrán ahogar más si lo precisan sus necesidades financieras. Eso es decir mucho y no decir nada. En realidad, lo que supone es un parapeto para las Comunidades Autónomas detrás del cual se podrán excusar para recaudar un mínimo: «No podemos bajar el impuesto porque hay unos mínimos fijados desde Madrid».

   Por otro lado, lo que realmente importa es saber: 1) Si existen tramos exentos y su alcance; 2) La incidencia del parentesco; 3) Si se aplican regímenes bonificados a las donaciones.

   La realidad es que relajar el Impuesto de Sucesiones y, especialmente, la parte de Donaciones, determinó que la realidad aflorase a la cotidianeidad externa de las familias. Hasta 2007, en la Comunidad Valenciana, era frecuente que preguntasen los padres: ¿Qué me cuesta más regalar o vender a mis hijos aunque no me paguen? En cualquier caso, lo que no es de recibo es que transmitir unos bienes como compraventa sea más barato que regalarlos, es, en estos casos, el propio Legislador fiscal el que incentiva, como consecuencia de la existencia de unas leyes complejas e ininteligibles para los ciudadanos, a defraudar.

   Por último, dejar la puerta abierta, por encima de ese mínimo, a la desigualdad entre los españoles me parece que implica seguir fomentando tensión innecesaria e irracionalidad en una política fiscal que debería ser homogénea.

   Los impuestos, ya que no son agradables para nadie, al menos deben tener un trasfondo de real justicia distributiva en plano de igualdad. La nueva norma debería ser transparente y homogénea.

   Hasta que eso ocurra, cosa que dudo, dígame, Señor Montoro, ¿Cuándo y dónde me es más barato morirme?

Antonio Ripoll Soler

Notario de Alicante

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