«El Gobierno limitará a 30 años la duración máxima de los préstamos hipotecarios». Este es uno de los titulares de la prensa de hoy. No he podido resistirme a escribir un post al respecto.

   Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que, no había que pensar el número de años del préstamo hipotecario cuando se leía en la escritura el número de meses o cuotas. 180, 240. 300 ó 360 que equivalían a 15, 20, 25 ó, en los casos más estirados, 30 años. Recuerdo hace ahora seis años, aproximadamente, cuando, leyendo la escritura a los deudores de turno, al llegar a la cláusula del plazo, leí «400 y pico», no pongo el pico porque no lo recuerdo. Se me hizo un nudo en la garganta, miré a los deudores, mire al apoderado del Banco, el cual, añadió: «sí, es correcto». Volví a mirar a los deudores, eran unos inmigrantes iberoaméricanos, luego miré sus documentos de identidad, hice cuentas y al fin de la operación, ciertamente sobrepasarían los 100 años de vida.

   Hay veces, en la sala de firmas, que eres consciente de que determinados deudores no van a cumplir nunca el plan proyectado en la escritura. ¿Es posible que eso se le escape al Banco? Pese a ello, se firma la operación. Es todo legal. ¿A quién se perjudica? ¿A los deudores? ¿Al Banco? ¿Al sistema de crédito nacional? ¿A todos ellos? Cada cual que elija su respuesta, yo tengo la mía.

   Hoy se anuncia una nueva reforma. Imaginación no le falta al ejecutivo. Sin embargo, en el último año han sido varias las pinceladas y reformas que se han introducido. ¿Tan difícil es abordar una reforma de forma seria? No hay nada peor que la inseguridad jurídico-económica que genera el continuo cambio de criterio legislativo. No solo para los operadores  jurídicos, también para los operadores económicos y para la imagen que España da en el exterior.

   Que una hipoteca se pague en más de 30 años no es un problema; el problema es que se financie la especulación sin límite y el sobre endeudamiento. En nuestro país, a diferencia de lo que existe en otros, existe una cultura de acceso a la propiedad. Se reconoce constitucionalmente el derecho a la propiedad privada.

   Lo que la noticia enlazada anuncia, en general, tiene mucha lógica; hay excepciones, «la expresión manuscrita de la aceptación de la cláusula suelo», es absurda y anacrónica. Sin embargo, por mucho que se exprima la máquina de la reforma legislativa, la realidad es que de poco sirve si no se cambia la perspectiva y el escenario. Las nuevas medidas, serán ineficaces si no se genera un escenario adecuado económico y no se crea un mercado de alquileres. Unos alquileres asequibles que interesen tanto al arrendador como al arrendatario.

   Por todo eso, seamos serios y abordemos los problemas con un poco más de amplitud de miras.

   Sobre las concretas medidas, hasta que no se plasmen blanco sobre negro, se puede decir cualquier cosa. ¿Como lo veis?

Antonio Ripoll Soler

Notario de Alicante

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