Ayer firmé el testamento de un incapacitado judicialmente. Las personas incapacitadas judicialmente pueden hacer testamento. Su discapacidad no les impide ejercitar ciertos derechos. Toda persona, además de tener derechos puede tener la posibilidad de ejercitarlos. En función de sus aptitudes de madurez podrá ejercitarlos por sí o, por el contrario, necesitará que alguien le guíe en el ejercicio. Esto último sucede con los menores y con las personas con discapacidad en aquellos casos en los que necesitan a alguien que les facilite el ejercicio.

   Al igual que las cosas no son blancas o negras, pues existen situaciones intermedias. En función de la madurez de esas personas discapacitadas puede que no tengan ningún techo de cristal en el ejercicio de sus derechos. En otras ocasiones, pese a su diferencia física o psíquica, pudiendo, teóricamente ejercitar tales derechos, sin embargo puede que carezcan de la suficiente información para ponerlos en práctica. Con lo cual, al lastre que supone de hecho la discapacidad para integrarse en la sociedad, se le suma la falta de información para poder ejercitar los derechos.

  Si entre personas que, afortunadamente no presentan ninguna discapacidad, se observa una distintas posibilidades de hecho, en función del acceso a la información que tengan; el problema se acrecienta en aquellos casos en los que al discapacitado no se le pone fácil el acceso a la información. Es ahí donde se produce la primera desigualdad.

   En el caso de ayer, la persona que venía a hacer testamento, a diferencia de lo que sucede con muchas personas que se encuentran legalmente en una situación de pleno goce y disfrute de sus derechos civiles, tenía absolutamente clara su voluntad. Sabía lo que quería, lo que no y, lo que es más importante, las dudas que se le planteaban al acercarse al hecho de declarar su última voluntad, de hacer testamento.

   La situación, para un Notario, no es habitual. Este tipo de testamentos son excepcionales. La excepcionalidad viene determinada por:

   1) La falta de celo judicial a la hora de declarar la incapacitación, donde, como sería deseable, no se gradúa y se fija en términos de todo o nada, a diferencia de lo que sucede con las minusvalías administrativas.

   2) Especialmente, falta de información tanto al discapacitado como a su entorno de las posibilidades de ejercitar el derecho a testar -porque hacer testamento es un derecho- por parte de la persona incapacitada judicialmente, concurriendo los requisitos legales.

   Los notarios, como apuntaba,  al margen de nuestra situación personal y de nuestro entorno -pues también somos personas con una vida propia fuera de nuestro trabajo- no solemos interactuar profesionalmente con personas en esta situación; pues normalmente, los actos con transcendencia jurídica requieren la intervención de un tutor. En tales casos, la presencia del representante legal de la persona excluye la normal presencia de esta en las actuaciones notariales.

   A mi me gusta mi profesión, aprendo mucho de las personas que me visitan, en este caso, pese a la normalidad del testamento, pues la voluntad de la persona operaba sobre una realidad familiar sencilla, sin problemas y donde sólo había afecto; entendía que el consentimiento de la persona que testaba debía estar especialmente informado. Por eso, el proceso de la firma se alargó más de lo habitual y tuve la oportunidad de aprender mucho de la persona que me visitaba. La acompañaban distintas personas, su familia, por un lado, volcada con, más allá del afecto natural, suplir con su ayuda las oportunidades que la vida le había negado. Por otro lado, los médicos que necesariamente tenían que concurrir al testamento. Cuando pregunté a estos últimos si habían concurrido a más testamentos de este tipo, me dijeron que sólo en una ocasión, a lo largo de su dilata carrera.

   Y es que, la desinformación genera la primera desigualdad del discapacitado. Lo dicho en este post sirve no sólo para aquellas personas que, por desgracia, no ocupan una posición igual en la línea de salida de la carrera de la vida. También es aplicable a aquellas otras que, pese a partir repletas de dones, sin embargo, bien por su propia negligencia, bien por sus circunstancias personales y oportunidades, carecen de la suficiente información.

   Por desgracia, que se presuma que conocemos nuestros derechos no quiere decir que los conozcamos realmente. El desconocimiento impide ejercitarlos. ¿Conocéis suficientemente vuestros derechos?

Antonio Ripoll Soler

Notario de Alicante

www.nortariaripoll.com