«No es el Código la obra cumbre que correspondía a nuestra gloriosa tradición jurídica, pero, dentro de su consciente finalidad modesta, ha sido y sigue siendo útil; sus autores merecen respeto y agradecimiento porque, a pesar de lo desfavorable de los tiempos y las circunstancias en que se redactó, han sabido con- servar la esencia tradicional de nuestro Derecho y hacer elegantemente, con los mínimos medios, una buena obra española»

Don Federico de Castro y Bravo

   Las anteriores palabras las refería uno de nuestro más grandes civilistas en relación a nuestro, ya centenario, Código civil. Durante muchos años, nuestros códigos decimonónicos se han ido transmitiendo de generación en generación de juristas. He visto a muchos de mis compañeros, y a mi mismo, aferrarse al Código civil. Su dominio es algo que hemos conseguido con un gran esfuerzo, por eso, una reforma legislativa, un nuevo texto legal, puede suponer para algunos una especie de robo de lo que tanto sacrificio costó conseguir. Ante un asunto complejo no es inusual aferrarse al asidero que supone un artículo o un principio general deducido de dicho cuerpo legal.

   Sin embargo, los tiempos cambian; por un lado, no podemos perder de vista la vorágine legislativa acaecida durante el verano de 2015; ha supuesto abrir la Caja de Pandora legislativa y dejar campar libremente una serie de normas que los operadores jurídicos debemos aplicar ineludiblemente.

   Por otro lado, lo que es el motivo de este post, no podemos soslayar el imparable avance de la máquina legislativa de la Unión Europea. La Unión Europea es una fuente institucional de Derecho Internacional Privado. Esta disciplina se encuentra en efervescencia, hoy, por ejemplo, autorizaba mi primer divorcio con elemento extranjero, el cual no es ajeno a la normativa de la Unión, que, ineludiblemente transciende de nuestra moderna Ley de Jurisdicción Voluntaria.

   Hoy el Consejo de la UE ha aprobado la decisión,  autorizando la cooperación reforzada, en materia de competencia, ley aplicable y reconocimiento de decisiones en materia de régimen económico matrimonial y parejas de hecho registradas.

   Han sido diecisiete de los veintiocho Estados miembros de la Unión los que se han subido al carro de Europa. Entre ellos se encuentra España.

   El proceso se culminará, si todo sigue adelante, con la aprobación de dos Reglamentos (UE), que se gestan en el año 2011 que están llamados a convertirse en pieza angular del Derecho de Familia de la Unión y que cierran el círculo abierto por el Reglamento Europeo de Sucesiones (R(UE) 650/2012). Las cuestiones relativas a régimen económico matrimonial están excluidas de este último reglamento, sin embargo, el sistema no es completo sin la integración de los textos normativos que se desbloquean con la decisión hoy adoptada.

   El futuro se escribe en internacional, es bueno no olvidar nuestros textos legales nacionales, pero deben ser reinterpretados a la vista de la inevitable tintura internacional privatista. El jurista que no quiera subirse al carro pasará a formar parte del Museo de la Historia del Derecho, muy interesante pero inservible para resolver los problemas de una sociedad actual de integración. ¿De verdad queremos dar la espalda al futuro?

   Me gustaría dedicar este post al Profesor Don Federico Garau Sobrino que ha difundido la noticia a través de su siempre actualizado blog Conflictos Legum ( @conflictuslegum ) y, por supuesto, a la rigurosa Profesora Doña Pilar Diago Diago ( @p_millennium )  , coordinadora de Bitácora DIPr, que se ha hecho eco de la misma, porque como ella misma refiere y acuña:

«¡Todo es internacional!»

Pilar Diago Diago

Catedrática Acre. Unizar

Antonio Ripoll Soler

Notario de Alicante

www.notariaripoll.com