El 14 de mayo se aprueba la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. El título de la norma es tan largo como compleja la Ley. Se trata de una disposición esperada y que sin duda incide en la defensa de los deudores hipotecarios. Sin embargo, ¿defiende realmente?.

   Está fuera de toda duda que nuestro sistema se ha mostrado ineficiente. Legislativamente se ha sucedido en los últimos tiempos una cascada de normas que se han limitado a parchear lo existente. Es una manifestación de la ineficacia de los instrumentos de protección buscados.

   Los problemas no se resuelven haciendo normas farragosas, al contrario, surgen nuevas controversias.

   En el caso de la nueva Ley, el aparato legislativo se veía fuertemente espoleado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Bruselas, como en otras tantas materias, marca los tiempos.

   La Ley propone soluciones razonables, pues muchas disfunciones del sistema hasta ahora vigente se habían puesto de relieve por la práctica en Juzgados y Notarías. Es sensato, especialmente que se racionalice el procedimiento de ejecución y se introduzca rigor en la forma de fijar los tipos de salida; se evitan de este modo valores para subasta irreales que dejan totalmente desprotegido al deudor en caso de que la deuda sea pequeña y el valor de lo hipotecado supere con creces a ésta.

   Sin embargo, con ser cierto lo anterior, la norma se ha dictado precipitadamente; adolece de notables imprecisiones; no ataca problemas reales y presenta ciertas contradicciones. Parece que quien la ha redactado no conoce el sistema vigente en España, no sabe como funciona y, claro, el fruto salta a la vista.

   Si la norma no cree en el sistema, bien podría el legislador haber recapacitado, a lo mejor hubiera sido conveniente un cambio radical, antes que reformas sobre reformas.

   Es muy bonito proteger, imponer nuevas obligaciones a todos los agentes del proceso de financiación, penalizar a Bancos… estos últimos acatan, pero el crédito se encarecerá.

   Como Notario, el nuevo panorama me produce desilusión. Sí, se ha perdido una ocasión para resolver y proteger de verdad. A los Notarios se nos atribuyen unas funciones de protección que realmente no son tales. Debemos alertar de la existencia de cláusulas abusivas en las ventas extrajudiciales, sin embargo, rebotamos al deudor hacia un procedimiento judicial; una solución absurda muy acorde con los tiempos de navegar y guardar la ropa, que, por desgracia, se predican desde determinadas instituciones afines. Sí, se moderniza, pero sin embargo se diluye su eficacia. Como siempre, se amenaza al Notario con nuevas responsabilidades, que no se retribuyen, y no se le dan los instrumentos adecuados para cumplir su función. Es algo así como dar un todo terreno para correr la Fórmula 1.

   Por otro lado, se introducen novedades surrealistas, como que el deudor manuscriba que ha sido informado de determinadas cláusulas. ¡Vaya forma más burda de llamar la atención al Notario! Supone un retroceso a la Edad Media. ¿Alguien se imagina escribiendo de su puño y letra durante la firma determinado anexo para incorporarlo a la escritura? Eso sí, «señor Notario, acabe pronto que tengo prisa«, o «prepare mi escritura ya que hace cinco minutos que hemos decidido firmar por no se que motivo y ha de estar terminada dentro de otros cinco».

   Si de verdad se hubiera querido proteger: 1) Se habría cambiado el sistema de control de la existencia de cláusulas abusivas; 2) Se hubiera modernizado la Justicia y dotado de medios, la Justicia sin tiempos no es Justa; 3) Se hubieran fomentado la generación y racionalización del crédito; y, 4) Se hubiera racionalizado la forma de acceder a la vivienda, tanto en precios de las compraventas como fomentando un adecuado sistema de alquileres.

   Como contrapartida, se da más de los mismo y, eso sí, inmediatamente aplicable. Ayer y hoy se aplazaban operaciones porque los que han de dar el dinero, los poderosos bancos, no habían puesto en funcionamiento sus recursos para adaptarse al nuevo panorama. Eso sí, el Notario tiene que saber la Ley cuando la publica el BOE, pues, al parecer, tenemos conocimiento instantáneo de las normas.

   Mientras tanto, el que exige esa celeridad para los que actúan las normas -acreedores, deudores, notarios, gestorías…- se toman su tiempo para dictar normas de desarrollo, implementar sistemas de subasta electrónica, proponer textos de cláusulas manuscritas…

   Como siempre, el que exige cumplimientos es el primero que incumple.¡Qué malas costumbres! ¿Para cuando dignidad para todos?

Antonio Ripoll Soler

Notario de Alicante

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