La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria

reforma de la jurisdiccion voluntaria   La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria está ya en tramitación. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria.

   La reforma de la Jurisdicción Voluntaria ha sido una de esas cuestiones siempre en la agenda del Legislador pero aplazadas sine die en cuanto a su desarrollo. Ya va siendo frecuente que Gobierno y Legislador se autoimpongan deberes con plazos que se cumplen a su libre albedrío. El ejemplo más reciente es el que refleja la polémica suscitada en relación a la Ley de Registro Civil, cuya entrada en vigor ha sido recientemente aplazada como consecuencia de la atribución de competencias  a los Registradores Mercantiles. Ya, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 se hacía referencia al mandato legal para proceder la reforma de la Jurisdicción Voluntaria, sólo habrán transcurrido 15 años cuando la reforma vea la luz.

   Con la reforma de la Jurisdicción Voluntaria se pretende descargar a los Juzgados. Se trata de desplazar la tramitación de determinados expedientes no contenciosos a otros funcionarios del Estado, Notarios y Registradores, a fin de aligerar la carga de trabajo de la Administración de Justicia. De esta manera: 1) Los órganos jurisdiccionales tendrán mayores recursos; y, 2) Los tribunales se centran en el ejercicio de la auténtica función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, como medio de resolución de conflictos.

   La reforma es interesante, moderniza muchas instituciones jurídicas que clamaban la actualización desde hacía años. Al mismo tiempo, da carta de naturaleza a determinadas novedades anunciadas a bombo y platillo hace ya años por el Ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, y dormidas en el sueño de los justos, me estoy refiriendo a la posibilidad de que los notarios celebremos bodas, si, las bodas notariales serán una realidad el próximo verano, salvo aplazamientos legales.

   En este post, de carácter general, me gustaría hacer hincapié, más que en el propio texto del proyecto y en el alcance de la reforma en determinados aspectos de técnica legislativa. En el fondo, probablemente, no lleven a ningún lado, sin embargo, como jurista, no deja de sorprenderme la forma de legislar en este país.

   En primer lugar, me sorprende que la nueva regulación ya anuncie un desarrollo reglamentario.

   El abuso del reglamento es señal inequívoca de un déficit de democracia y de una mala técnica legislativa. Hacer reglamentos implica sustraer a las Cortes Generales la regulación de una determinada materia. En la práctica, se desplaza a favor del Ejecutivo el concreto contenido de la Ley que se aplicará. ¿Qué aspectos serán objeto de desarrollo reglamentario? Todavía es pronto para decirlo.

   También es indicativo de una mala técnica legislativa, en tanto en cuanto la proliferación de normas y sus correspondientes interpretaciones cada vez hacen más compleja la aplicación de las mimas. El ciudadano, a la postre, difícilmente sabe qué normas le son aplicables y sus efectos.

   El segundo tema sobre el que quería llamar la atención, es el relativo a la entrada en vigor de la Ley. En este caso está prevista para el 15 de julio de 2015. Lo cierto es que, aunque tal vez debiera -creo que no-, desconozco los tiempos de tramitación.

   Puede que la tramitación y publicación tenga lugar la víspera, en cuyo caso estaremos ante un caso más de entrada en vigor inmediata. Es algo que padecemos los operadores jurídicos desde hace ya años. Sucede que el Legislador incumple plazos pero cuando se pone en marcha se presume el conocimiento instantáneo de la norma.

   También, puede darse el caso de que la norma se tramite muy deprisa y tengamos algún tiempo para estudiarla -lo dudo-.

   Lo correcto sería que la entrada en vigor de la Ley, antes que para un día determinado, fuera referida a un plazo desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

   En tercer lugar, no he podido dejar de preguntarme qué sucede el día 15 de julio de 2015. Sin duda debió de ser una fecha clave en la vida de nuestro controvertido Ministro de Justicia. Tanto la reforma del Registro Civil, como, ahora, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, entrarán en vigor el mismo día. Supongo que es para evitarse, los autores de los Proyectos, algo tan sencillo como poner una disposición adicional diciendo que, mientras no entre en vigor la reforma del Registro Civil, determinados preceptos estarán en suspenso (o a la inversa).

   Por último, la Ley de Jurisdicción Voluntaria proyectada, entre otros, supone la modificación de 92 artículos del Código civil. No he podido dejar de acordarme del pobre opositor a Notarías. Recuerdo de mis tiempos de opositor una rima que recitaba mi padre, probablemente juglar en otra vida, que decía así:

   “Al sufrido opositor de Notarías que canta los temas…, de Sol a Sol…, de era a era…, como la alera foral aragonesa”.

   Así, mientras los operadores jurídicos analizamos las ventajas de la reforma; los opositores verán como el ciclón del BOE les roba horas y horas de dar barniz a unos artículos del Código civil; los cuales desaparecerán para siempre de los Códigos pasando a formar parte de la Historia del Derecho. Además, estudiarán, a la vez, tres regímenes jurídicos, el actual, que se derogará; el que está por venir; y, lo que ahora es, pero también lo que será, para dar una nota de calidad que los diferencia ante el Tribunal frente a sus compañeros, a fin de conseguir destacar entre la multitud y llevarse para ellos la gloria del aprobado. Sólo el que ha opositado a Notarías o Registros puede entender plenamente la última parte de este relato.

   Por todo lo anterior, creo que no me equivoco si digo, sí a las reformas legislativas; pero, sí, también a algo de cordura y coherencia a nuestro sistema jurídico que le dote de estabilidad y permita aprobar textos legales que duren, al menos, cien años más, como han estado vigentes los actuales.

Antonio Ripoll Soler

Notario de Alicante

www.notariaripoll.com

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2 Comentarios »

  1. Buenos días:
    Lo primero es felicitar al Sr. Notario por el blog y su contenido, siempre interesante.
    Al hilo de lo comentado sobre la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, y tras unos meses ya en vigor la reforma que afecta concretamente al procedimiento de formación de inventario, me ha surgido alguna duda sobre los plazos que establece el art. 68 de la Ley Orgánica del Notariado, sobre el inicio y finalización del mismo, a saber: ¿Son plazos de mínimos, de máximos, o modificables en ambos sentidos y justificadamente por el Notario?
    Lo digo porque la expresión “dentro de…” que aparece en los nº 1 y 4 del art. 68 no parece querer decir que como mínimo se iniciará transcurrido el, ese sí, obligatorio de 30 días de anuncios a acreedores, ni que se finalizará transcurridos como mínimo los 60 días desde el comienzo….(es decir, sumando al menos 90 días).
    La expresión “dentro de” parece indicar que puede iniciarse a la vez o al día siguiente del anuncio a acreedores y legatarios, y acabarse, si exageramos, al día siguiente, pues en ambos casos estamos “dentro” de plazo. Dicho así, nada obstaría a que se concluyera todo el proceso en los 30 días que debe durar la publicación, algo más según tarde el Ayuntamiento correspondiente.
    Entiendo que esta interpretación puede ser forzada, y nada garantista en el caso de herencias complejas y con acreedores; pero en el caso contrario, en el que sea evidente que difícilmente habrá acreedores, haya alguna cuenta con poco dinero y/o un inmueble sin cargas, y que los legatarios estén presentes en el requerimiento, se puede ahorrar un tiempo precioso a los interesados.
    En fin, desconociendo si hay alguna interpretación ya realizada por la DGRN, expongo mis dudas al respecto.
    Un cordial saludo.

  2. me parece muy que en los paises vecinos se tenga una ley especifica de jurisidicion voluntaria en mi pais hasta ahora con la reforma se le concede un capiltulo solo para este tipo de procesos saludes me gusto el articulo

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